Familiares acusan tráfico de influencias, manipulación de menores y control de herencia por parte de la familia del presunto feminicida
A casi dos años del feminicidio de la empresaria canadiense y nacionalizada mexicana Ángela Louise Birkenbach, su familia sigue enfrentando no solo el dolor por su asesinato, sino también una red de corrupción e impunidad en los tribunales de Jalisco.
Aunque en Nayarit avanza el proceso penal contra su expareja y presunto autor intelectual del crimen, Sergio N., en Jalisco —donde se llevan a cabo los juicios de custodia y sucesión testamentaria—, los deudos de Ángela denuncian una serie de irregularidades y actos de corrupción que favorecen a la familia del imputado.
Feminicidio con móvil económico
De acuerdo con la Fiscalía de Nayarit, el principal móvil del feminicidio ocurrido el 11 de octubre de 2023 en San Blas, Nayarit, fue el control de la millonaria herencia de Ángela. Su cuerpo fue hallado con signos de violencia en el complejo turístico de su propiedad, “El Limoncito Hills”.
Desde entonces, su madre, Virginia Ann Hemingson, su hijo mayor Albert (de 28 años, producto de su primer matrimonio), y los tres hijos menores que procreó con Sergio N., enfrentan una compleja batalla legal.
Juicios en Jalisco plagados de irregularidades
En el Juzgado Segundo de lo Civil de Tlajomulco, el hijo mayor de Ángela había sido nombrado albacea provisional. Sin embargo, en diciembre de 2023 fue destituido y reemplazado por Rosalba Primavera N., hermana del presunto feminicida y apoderada legal del mismo, lo que constituye un claro conflicto de interés. La defensa ha impugnado esta decisión, pero el proceso se mantiene suspendido.
Además, los tres menores fueron inicialmente entregados a la familia paterna, incluso llevándolos a visitar a su padre en prisión, pese a las medidas de protección existentes. Actualmente se encuentran bajo resguardo en Ciudad Niñez, tras haber sido sustraídos de la casa de su abuela materna.
La defensa señala que los menores han sido manipulados, intimidados y rehusados a recibir atención psicológica por miedo. Uno de ellos, Austin, quien recientemente cumplió 18 años, ha declarado públicamente su intención de recuperar la custodia de sus hermanos en favor de su padre.
Señales de tráfico de influencias
Entre las anomalías señaladas se encuentran:
• Omisión de la tutoría legítima otorgada a Albert.
• Nombramiento irregular de albacea a favor de la familia del imputado.
• Exclusión de representantes legales en audiencias clave.
• Permisos para convivencias con el presunto feminicida en prisión.
• Uso de recursos legales para controlar el patrimonio de la víctima.
Tanto la señora Virginia como Albert han recibido amenazas, por lo que cuentan con botón de pánico y medidas cautelares. También se ha solicitado la intervención de autoridades internacionales, y el caso ya es seguido de cerca por el gobierno canadiense.
Exigen justicia y protección para los menores
Los familiares de Ángela Birkenbach exigen:
1. La ratificación de la tutoría legítima a favor del hijo mayor.
2. La destitución inmediata de Rosalba Primavera N. como albacea del juicio sucesorio.
3. La protección integral de los menores conforme al interés superior de la niñez.
4. La suspensión de la patria potestad del imputado, conforme a la llamada Ley Monzón.
5. Atención psicológica sin interferencia del agresor o su red familiar.
6. Que el Congreso de Nayarit apruebe la Ley Monse, que sanciona a familiares que buscan beneficiarse tras cometer feminicidio.
Mientras tanto, se espera que en septiembre se realice en Tepic la audiencia del juicio oral contra Sergio N., donde todas las pruebas de la Fiscalía de Nayarit han sido ya admitidas.
La familia de Ángela insiste: no buscan venganza, sino justicia y garantías para que sus hijos y nietos no sigan siendo víctimas de una red de corrupción que revictimiza a las mujeres, incluso después de su muerte.