Ciudad de México. En un ejercicio de diálogo legislativo poco común, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acudieron a la Cámara de Diputados para entregar al morenista Alfonso Ramírez Cuéllar los resolutivos del foro celebrado en Toluca sobre la futura Ley de Infraestructura para el Bienestar.
La propuesta, explicó el vicecoordinador de Morena, busca redefinir el papel del Estado y del sector privado en el desarrollo nacional: garantizar que la infraestructura se convierta en un derecho para toda la población y no en un privilegio concentrado en autopistas y proyectos energéticos.
“Queremos superar la visión limitada de inversión y construir infraestructura del bienestar que llegue a colonias, municipios y comunidades. Que tenga un impacto real en la calidad de vida de las familias”, afirmó Ramírez Cuéllar.
El legislador adelantó que el proyecto contempla derogar la actual legislación sobre asociaciones público-privadas (APPs) y sustituirla por un modelo incluyente, sujeto a disciplina fiscal, con consultas abiertas al empresariado y a la ciudadanía. Aclaró además que el paquete económico que acompañará la iniciativa no contempla aumentos de impuestos, sino una mayor eficiencia en la recaudación.
La meta es ambiciosa: elevar la inversión nacional hasta alcanzar el 30% del PIB en 2030, con la rectoría del Estado y participación del sector privado. “Se trata de abrir un proceso democrático y participativo”, subrayó el diputado.
Desde el lado empresarial, el presidente del Consejo Mexicano de Energía, Juan Acra López, insistió en que México debe comprometer al menos el 5% del PIB anual en infraestructura para acelerar el crecimiento. Coincidieron con él especialistas como Sandra Miranda Navarro, del Colegio de Ingenieros Civiles, y Arnulfo Martínez Sánchez, de la Cámara de la Industria de la Construcción, quienes pidieron garantizar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.
La diputada morenista Martha Olivia García celebró la disposición de los empresarios a sumarse a una agenda que pretende llevar servicios básicos a las regiones más rezagadas del país.
Al finalizar, Ramírez Cuéllar resumió el espíritu de la iniciativa: “Nuestro reto es que la infraestructura deje de ser un privilegio de unos cuantos y se convierta en un derecho efectivo, motor de bienestar y crecimiento integral para México”.