¿Cuál es la situación de los periodistas en México? ¿Se les protege a los que están amenazados por su actividad como periodistas? ¿Qué sucede con los periodistas que no dejan de cuestionar al gobierno? ¿Quién se preocupa por los periodistas?

El 25 de marzo de 2019, públicamente se rindió el informe de la situación de los periodistas en México.

Aquí está el reporte:

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN, SEGOB: Muchas gracias, señor presidente.

Como lo ofreció el señor presidente el día de hoy vamos a dar cuenta de la situación en que se encuentra el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Este Mecanismo se creó en julio del 2012 en cumplimiento del Artículo 1º de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas; en esta ley se establece como una responsabilidad del Estado el garantizar la vida, la integridad, la libertad y seguridad de todas aquellas personas que en la defensa de los derechos humanos o el ejercicio del periodismo enfrenta una situación de riesgo.

Y las medidas que se adoptan en torno a este Mecanismo resurgen de una junta de gobierno que está integrada, no solamente por representantes del gobierno federal, sino por órganos autónomos y representantes de los propios periodistas y los defensores de los derechos humanos.

¿Quién integra esta Junta de Gobierno?

Son fundamentalmente nueve representantes, tres del gobierno federal: la Secretaria de Gobernación, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Dos órganos con autonomía constitucional, que son la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y cuatro representantes del Consejo Consultivo, que por lo general son dos representantes de periodistas, dos representantes de los defensores de los derechos humanos.

Más aún, el Consejo Consultivo Ciudadano se integra por un presidente, cuatro defensores de derechos humanos y cuatro periodistas.

Al mismo tiempo, esta Junta de Gobierno tiene como invitados permanentes con derecho a voz a la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Conferencia Nacional de Gobernadores, al Poder Judicial de la Federación, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República o al presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

¿Cuáles son las medidas que adopta del Mecanismo de protección?

Son de tres tipos:

El primero son las medidas urgentes que tienen que ver con situaciones de alto riesgo que implican la evacuación de la persona que se encuentra en situación de riesgo, su reubicación temporal, el que se le asignen escoltas de cuerpos especializados, que se protejan los inmuebles en los que se encuentran y todas aquellas medidas que se requieran para salvaguardar su vida, integridad y libertad de las y los beneficiarios.

El segundo tipo de medidas de protección son las vinculadas a cuestiones tecnológicas y físicas, que va desde la entrega de botones de asistencia con aplicación de localización, equipos celulares, radio o telefonía satelital, la instalación de cámaras, cerraduras, luces, otros medios de seguridad en las instalaciones donde laboren o donde estén viviendo, que se les otorguen chalecos antibalas, detector de metales, automóviles y todas aquellas que se requieran para salvaguardar su integridad.

Y un tercer tipo de medida son las medidas de carácter preventivo, que tiene que ver con calidad de difusión y capacitación sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la publicación de instructivos, manuales, cursos de autoprotección, la creación de consciencia pública sobre la importancia de los derechos humanos y del ejercicio de la actividad periodística, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y todas las que se requieran.

¿Cuál es la situación en estos momentos?

Desde que llegamos al gobierno tenemos 790 personas bajo el Mecanismo de protección, 498 defensores de derechos humanos, que representan el 63 por ciento y 292 periodistas que representan el 37 por ciento de las personas sujetas al Mecanismo de protección, concentrándose, particularmente, en 10 entidades, donde está el 62 por ciento de los beneficiarios, destacando la Ciudad de México con cerca del 17 por ciento, Veracruz, con el 9.6, y Guerrero, con cerca del nueve por ciento.

¿Qué situación estamos enfrentando dentro de la operación de implementación del Mecanismo?

Hemos detectado que existe una empresa privada, que es la encargada de toda la aplicación de los mecanismos que se decidan a cada una de las personas que están sujetas a la protección y que reportan deficiencias en la operación, particularmente en sus equipos tecnológicos y en su personal.

El presupuesto asignado ha sido insuficiente, todavía a finales de la administración anterior, incluso en el periodo de transición tuvimos que intervenir para que hubiera una ampliación de 75 millones de pesos para poder garantizar, no solamente el cierre el año, sino el inicio de operaciones en el mes de enero por lo menos, lo cual se logró.

Voy a ponerles un ejemplo, uno de los más cuestionados, de la situación que guardan algunas de las medidas, y particularmente tiene que ver con el uso de 792 botones de asistencia que actualmente se encuentran en activo para periodistas y defensores de derechos humanos.

Como pueden ver, de los 792 botones, 209 de los usuarios tienen apagado durante más de 150 días al año el botón; los 100 más lo tienen apagado entre 61 y 150 días del año. Y si bien un número importante, 230, lo tienen activo prácticamente de manera permanente, es de manera muy desigual su uso.

Esto nosotros los entendemos como parte de la falta de confianza en la autoridad.

¿Cuál es el argumento que muchos de ellos nos han dado respecto a que por qué no utilizan o mantienen de manera permanente y sistemática prendido el botón de seguridad?

Es que dicen que no quieren que la autoridad sepa donde se encuentra.

Es un tema de fondo, no es un asunto solamente de falta de credibilidad, pero si es el Estado el responsable de garantizar la seguridad y la protección de las personas, tenemos que saber dónde están.

¿Qué estamos haciendo en estos momentos en la revisión general del Mecanismo?

– Se está llevando a cabo una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación al fideicomiso que maneja los recursos de este Mecanismo.

– Se está realizando una evaluación externa por parte de las oficinas en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

– La Junta de Gobierno busca hacer una evaluación conjunta con todos los beneficiarios; y este primer documento estará concluido en el mes de abril, la evaluación de la Junta de Gobierno con los usuarios.

– Está en proceso también el reemplazo de las escoltas privadas de los beneficiarios por escoltas capacitadas por la Policía Federal Preventiva, aunque hace unos momentos, en la reunión que acabamos de terminar del gabinete de seguridad, el presidente de la República ha instruido para que también el área de protección a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuve para resolver esa situación de la mejor manera.

– Por lo delicado e importante de estos servicios de protección a la vida, integridad de los usuarios, los beneficiarios del Mecanismo vamos a mantener, en tanto no esté resuelto todos los mecanismos de protección, no vamos a poner en riesgo a absolutamente a nadie, vamos a mantener los servicios de la empresa pero bajo un mecanismo de control y fiscalización mucho más directo, estaremos interviniendo el seguimiento de la empresa, pero con toda seguridad en el momento en que asumamos esto, como debe de ser, una responsabilidad del Estado que no puede delegarse a un particular, sino que tiene que ser directamente el Estado, haremos un replanteamiento de todo, lo cual nos implicará incluso un ahorro por lo  menos del 15 por ciento, más de 30 millones de pesos que actualmente se canalizan a  una empresa particular.

– De la misma manera se están reforzando los mecanismos de cooperación entre los órganos locales y el federal y vamos a dar un paso importante.

– En el caso específico de los periodistas, lo que buscamos es involucrar directamente a los dueño de los medios de comunicación en la corresponsabilidad para garantizar la integridad y la seguridad de sus trabajadores, donde lamentablemente cuando se presenta una situación de riesgo no solamente los despiden y no los vuelven a contratar, sino que incluso parece que se boletinan y se estigmatiza a muchos de los periodistas, que cumpliendo con su responsabilidad se van obligados a emigrar del lugar donde desempeñan sus labores.

– Y finalmente por supuesto vamos a proveer una mayor cooperación internacional para favorecer la operación del Mecanismo; en eso estamos trabajando con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, lo que es USAID; estamos trabajando con la Unión Europea, con la embajada británica, con las distintas agencias de la Organización de Naciones Unidas y en particular con los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos en Colombia, Honduras y Guatemala.

– Se ha venido incrementando cerca de 20 por ciento más el número de solicitudes para incorporar este Mecanismo, tanto defensores de derechos humanos como a periodistas, se va a requerir de un incremento presupuestal, que pretendemos cubrir de manera muy importante con la eliminación del contrato que es oneroso y que con ello tendríamos recursos suficientes para la protección.

Lamentablemente desde el 1º de diciembre hoy en día hemos tenido la pérdida de vidas, de periodistas y defensores de derechos humanos.

En el caso específico de los periodistas tenemos registrados seis homicidios a partir del 1º de diciembre, de los cuales solamente una de las personas, el caso de Rafael Murúa Manríquez, en Baja California Sur, estaba bajo la protección del Mecanismo, los otros cinco no estaban dentro de la protección del Mecanismo; y de estos seis casos cuatro ya fueron identificados y detenidos los presuntos responsables del homicidio.

En el caso de defensores de derechos humanos, tenemos nueve, lamentablemente, nueve decesos, de los cuales solamente se han esclarecido dos, en particular el caso de Sinar Corzo, en Arriaga Chiapas, incluso el Congreso local ya promovió el desafuero del presidente municipal de Arriaga.

En el caso de Samir Flores, en Amilcingo, se tienen identificados a tres agresores, pero falta concretar la identificación de los autores intelectuales,

Y de los otros siete está en proceso la investigación, sin que hasta ahora se hayan detenido a todos los responsables materiales e intelectuales.

También se hace el seguimiento de periodistas que han sufrido algún tipo de agresión, las más recientes: el de Jesús Hiram Moreno, director del portal de noticias Evidencias, en Juchitán, Oaxaca; y el caso de Miguel Badillo, director de Contralínea, que fue allanado su domicilio el pasado 23 de marzo.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, SEGOB dijo: El Mecanismo debe de entrar en una nueva etapa de desarrollo con una participación más activa por parte del gremio periodístico y por parte de los defensores de derechos humanos; y necesitamos fortalecer, sin lugar a duda, mecanismos de cooperación entre la federación y los estados, pero también los instrumentos de corresponsabilidad con los propios beneficiarios del Mecanismo de Protección.