El Senado de la República aceptó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el funcionario comunicara que dejará el cargo para asumir una embajada propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, previsiblemente en Alemania.
En una sesión con dispensa de trámites, el pleno aprobó la separación de Gertz con 74 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y 22 en contra del PAN, PRI y MC. La mayoría calificó como “causa grave” el hecho de que el fiscal haya sido invitado a representar a México en el servicio exterior, requisito que exige la Constitución para concluir anticipadamente su encargo.
La presidenta Sheinbaum confirmó un día después que ella misma ofreció a Gertz una embajada y que éste aceptó, señalando que estaba por cumplir casi siete años al frente de la Fiscalía, pese a que su mandato estaba previsto hasta 2028. La mandataria evitó precisar el país de destino, pero diversas versiones legislativas y diplomáticas apuntan a Alemania.
Como parte del relevo, Ernestina Godoy Ramos fue nombrada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, lo que por ley la coloca como encargada de despacho de la FGR mientras se designa al nuevo fiscal o fiscala. La abogada dejó la Consejería Jurídica de la Presidencia para asumir esta responsabilidad y ya comenzó a realizar ajustes internos en la institución.
Con la salida de Gertz, el Senado activó el procedimiento para elegir a la nueva persona titular de la FGR. De una lista inicial de 43 aspirantes, las y los senadores ya depuraron un grupo de 10 finalistas —entre ellos la propia Godoy— que será enviado a la presidenta. Sheinbaum deberá integrar una terna y devolverla a la Cámara alta para su votación final, en un contexto donde Morena y aliados cuentan con mayoría calificada para aprobar el nombramiento sin la oposición.
Desde la oposición se cuestionó que la invitación a una embajada pueda considerarse “causa grave” y se advirtió que el relevo profundiza el control político sobre la Fiscalía; mientras tanto, el oficialismo defendió la decisión como un retiro voluntario y un paso para “fortalecer la coordinación” en materia de seguridad y procuración de justicia.